26 representantes de 10 países de América Latina y El Caribe se reunieron en Montevideo, Uruguay, y elaboraron propuestas a las autoridades para enfrentar el acoso y la violencia en entornos virtuales.

En el marco del Seminario Internacional “¡Niñ@sur Ya es hora! Libre de violencias contra niños, niñas y adolescentes hacia el 2030”, realizado durante la reunión de la Comisión Permanente Niñ@Sur de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR, representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay pidieron a los Estados el respeto de sus derechos, y les solicitaron tomar medidas inmediatas para prevenir y erradicar la violencia.

Luego de identificar los principales problemas y dialogar sobre las medidas que los Estados deben adoptar para proteger a la niñez y adolescencia, los niños, niñas y adolescentes recomendaron a los Estados asegurar el respeto de sus derechos, impulsar el uso de las redes sociales y las tecnologías de la información para difundirlos, mejorar los sistemas de protección en cada uno de los países y promover el cumplimento de las leyes.

También destacaron el rol clave de las familias para poner fin el castigo físico y humillante a través del uso de técnicas de crianza positiva, y exigieron que los Estados destinen presupuesto para implementar las políticas públicas enfocadas en niñez. Pidieron también que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados y tomados en cuenta en los asuntos que los involucran a través de la creación de Consejos Consultivos.

Este espacio de participación desarrollado durante las reuniones de MERCOSUR, instancia regional de integración entre países de América del Sur, fue impulsado por el Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y El Caribe (MMI-LAC) a través de la coordinación llevada a cabo por Save the Children y las organizaciones de niños, niñas y adolescentes integradas a la REDNNYAS. El MMI-LAC permitió que tanto las organizaciones de sociedad civil como las organizaciones de niños, niñas y adolescentes puedan incidir ante las autoridades y ser parte activa de las discusiones con los Estados.

Santiago Cruz, el niño representante de Bolivia, fue elegido por los otros niños y niñas participantes para exponer las principales recomendaciones para prevenir la violencia hacia la niñez y adolescencia  en la rueda de prensa con Marta Santos País— Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas. Santiago demandó “que se aumente el presupuesto destinado a niñez y adolescencia, sobre todo de las leyes y políticas de niñez. Si nos importa la violencia tenemos que invertir en eliminarla”.

Durante el encuentro también enfatizó varias problemáticas de violencia en Bolivia que ya no se deben tolerar más: “niñas y niños que viven en las calles y no  tienen una familia, ni pueden ir a la escuela y son víctimas de mucha violencia; adolescentes en conflicto con la ley que llegan a un sistema de justicia que no es justo, es muy castigador; y niñas que quedan embarazadas cuando son muy pequeñas”.

Daniela Meza, adolescente representante de Perú, intervino en la discusión sobre niñez migrante para promover un tratamiento adecuado, con personal especializado y el uso de herramientas apropiadas para atender a los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana.

“Un niño, niña y adolecente que migra de su país es porque es víctima de una situación de violencia que lo coloca en un alto grado de vulnerabilidad, por lo tanto necesita del apoyo y la acogida de las autoridades competentes del país que lo recibe, en consideración del Interés Superior del Niño tal como lo señala la Convención Internacional sobre de los Derechos del Niño”, manifestó.

Marta Santos País, Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas, estuvo presente durante el evento y compartió la preocupación frente a la violencia en entornos virtuales que afecta a la niñez y adolescencia. Por ello, manifestó su interés en apoyar la labor en conjunto entre los Estados, niñas, niños y adolescentes, organizaciones sociales y agencias de cooperación para lograr cambios y promover espacios no violentos.

Finalmente, las organizaciones de sociedad civil y los propios niños, niñas y adolescentes harán el seguimiento con sus Estados para que cumplan con los compromisos adquiridos.

 

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